Cuando pensábamos que el feminismo estaba ya en la agenda de todo el mundo, que al menos en un plano formal estábamos de acuerdo en que la igualdad era prioritaria y que no podíamos darnos el lujo de dejarla en segundo término de nuevo, llegó una nueva década cargada de malas noticias.
Primero fue el covid-19; después, cuando empezábamos a recuperarnos, la guerra de Ucrania, con la consecuente inflación, encarecimiento de las materias primas, precariedad laboral y deterioro de los servicios públicos y la atención sanitaria, entre otros. Esta retahíla de sucesos afecta especialmente a las mujeres. De alguna manera, estos acontecimientos dramáticos limitan y han limitado históricamente el avance hacia una igualdad formal y efectiva. Analicemos el porqué.
Las economistas feministas señalan que las crisis económicas siempre provocan un empeoramiento de las condiciones de trabajo de las mujeres: suelen implicar peores salarios, la precarización de los empleos y su transformación en actividades de la economía no formal. La brecha de género afecta tanto a las mujeres mayores, con las pensiones, como a las más jóvenes, con los salarios. La violencia sexual, una de las más invisibilizadas y naturalizadas, toma nuevas formas de expresarse en los distintos ámbitos
La ONU reconoce que el número de feminicidios por año se ha mantenido prácticamente inalterado en la última década. Las cifras son escalofriantes: en 2021, 81.000 mujeres fueron asesinadas en todo el mundo; en España, 1.117 desde que tenemos registro.
¿Y ahora qué?
Nos encontramos en un momento histórico en el que mujeres de todo el mundo están alzando la voz y revindicando sus derechos pese a los peligros y a la represión a la que se tienen que enfrentar. Lo hemos visto en Irán y Afganistán; también en Latinoamérica. En España, un país supuestamente avanzado en materia de igualdad, seguimos presenciando feminicidios, violencia sexual y desigualdad. A pesar del conjunto de medidas, leyes, acciones y proyectos iniciados, el incumplimiento sistemático de la Ley de igualdad de 2007 es constante. Las especialistas destacan que este fenómeno se da por una aceptación social de la desigualdad; hemos interiorizado y normalizado que las mujeres sean ciudadanas de segunda.
En el sector empresarial, la mayoría de las organizaciones no cuentan con un protocolo de acoso sexual, y, si lo tienen, no lo activan como deberían. Con los planes de igualdad pasa lo mismo: siempre queda en segundo plano como una cuestión secundaria, sin importancia, que siempre puede esperar o registrarse.
Nosotras, las que formamos la Fundación SORLI, que trabaja por la inclusión de la igualdad de manera transversal en el tejido empresarial, lo vemos diariamente. En las formaciones, en las publicaciones en las redes sociales, en las plantillas e incluso en las propias comisiones de igualdad, el mensaje de “Ya lo hemos conseguido todo”, de “¿Qué más queréis?”, sigue presente.
La igualdad en las empresas sigue sin ser una prioridad pese a las estadísticas, los casos de acoso, la desigualdad, la violencia de género, la comunicación sexista y la falta de conciliación. No podemos esperar más: la igualdad debe ser una prioridad en las políticas empresariales. Basta de esperar y atrasar.
Si las empresas no quieren dar este paso por convicción, que lo hagan por la rentabilidad que supone la igualdad.
